El Gobierno de Pedro Sánchez ha pedido al Tribunal Supremo que rechace la ampliación de la suspensión del voto a los hijos de españoles nacionalizados mediante la conocida como ley de nietos. La Abogacía del Estado presentó este martes 3 de noviembre sus alegaciones contra la solicitud impulsada por Vox e Iustitia Europa, al considerar que la medida podría vulnerar derechos fundamentales y generar problemas en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La iniciativa llega después de que el alto tribunal suspendiera cautelarmente el derecho de sufragio de miles de personas residentes en el extranjero que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
El Gobierno advierte de problemas para el escrutinio electoral
La Abogacía del Estado sostiene que extender la suspensión a los descendientes de los nacionalizados supondría una intervención desproporcionada sobre el derecho al voto.
Los servicios jurídicos del Ejecutivo argumentan que no existe una sentencia firme que declare irregular la concesión de la nacionalidad a los afectados y consideran que no pueden extenderse automáticamente las dudas sobre determinados expedientes a sus hijos.
También advierten de que la medida podría comprometer el desarrollo de los comicios. La posibilidad de que algunos electores depositen sus papeletas sin saber si finalmente serán contabilizadas introduciría incertidumbre en el escrutinio.
Además, el Gobierno asegura que identificar a todos los posibles afectados antes del 29 de noviembre resulta materialmente inviable. La revisión inicial de los expedientes de nacionalización ya exigió aproximadamente mes y medio de trabajo administrativo.
El Supremo mantiene suspendido el voto de 163.355 nacionalizados
El conflicto comenzó cuando el Tribunal Supremo acordó suspender cautelarmente determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) correspondientes a personas nacionalizadas mediante la ley de nietos.
La documentación remitida al tribunal por los ministerios competentes identifica a 163.355 personas potencialmente afectadas por la suspensión inicial. Esta cifra no equivale al número de votos que finalmente dejarán de contabilizarse, ya que existen diferencias entre los expedientes de nacionalidad, las inscripciones censales y los electores que acrediten los requisitos exigidos.
La controversia judicial se centra en la aplicación de las disposiciones que permitieron obtener la nacionalidad española a descendientes de exiliados, especialmente en los criterios utilizados para acreditar esa condición.
La suspensión no supone la retirada de la nacionalidad española, sino una limitación cautelar del ejercicio del sufragio en los supuestos afectados por la resolución judicial.
La nueva petición podría alcanzar a otro colectivo de casi 190.000 personas
Vox e Iustitia Europa pretenden que la suspensión también se aplique a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante las leyes de memoria histórica y democrática.
Según los datos administrativos, 189.678 personas adquirieron la nacionalidad a través de la disposición legal que ahora se cuestiona. Sin embargo, esa cantidad no representa el número de electores que perderían el derecho al voto.
El colectivo incluye personas nacionalizadas mediante diferentes procedimientos, algunas de las cuales no están inscritas en el censo exterior. Por tanto, no es posible determinar cuántos ciudadanos resultarían realmente afectados si prosperase la petición.
El Supremo rechazó adoptar esta ampliación de manera inmediata y abrió un trámite para escuchar las alegaciones de las partes antes de resolver.
Una decisión pendiente a menos de un mes de las elecciones
La proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre aumenta la presión sobre el Tribunal Supremo, que deberá pronunciarse mientras continúa la preparación del voto de los españoles residentes en el extranjero.
La Abogacía del Estado también sostiene que la nueva solicitud excede el objeto del procedimiento original y reclama que se escuche a los ciudadanos cuyos derechos podrían verse afectados.
Por el momento, la suspensión inicial continúa vigente en los términos establecidos judicialmente y su ampliación a los hijos de los nacionalizados no ha sido aprobada.
El conflicto plantea una cuestión que trasciende estas elecciones: cómo garantizar la legalidad del censo sin restringir de forma injustificada el derecho al voto de ciudadanos españoles cuya nacionalidad sigue siendo plenamente válida.