El 10,6% de la población española sufrió retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca durante 2025, según el XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza, presentado este jueves 15 de octubre por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). El estudio señala el coste de la vivienda como uno de los principales factores que agravan las dificultades económicas de los hogares.
Los datos, elaborados a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), reflejan que más de uno de cada diez residentes en España tuvo problemas para afrontar puntualmente estos pagos.
El informe también revela que el 7,2% de la población destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda, muy por encima del 30% considerado habitualmente como referencia para evitar una carga económica excesiva.
Murcia y Andalucía encabezan los retrasos en los pagos
Las dificultades para pagar la vivienda presentan importantes diferencias territoriales. Murcia, Andalucía, Canarias, Cantabria y Asturias figuran entre las comunidades con mayores porcentajes de población afectada.
Murcia registra la tasa más elevada, con un 14,5%, seguida de Andalucía, con un 14,2%. Canarias alcanza el 12,9%, mientras que Cantabria se sitúa en el 12,8% y Asturias en el 12,2%.
| Comunidad autónoma | Población con retrasos |
| Murcia | 14,5% |
| Andalucía | 14,2% |
| Canarias | 12,9% |
| Cantabria | 12,8% |
| Asturias | 12,2% |
| Media nacional | 10,6% |
Castilla-La Mancha también supera la media española, según los resultados del informe.
Los porcentajes recogen retrasos en el pago del alquiler o de la hipoteca, no necesariamente impagos definitivos ni procedimientos de desahucio.
Madrid, entre las regiones donde más ingresos absorbe la vivienda
El estudio también analiza el porcentaje de población que soporta un gasto residencial superior al 40% de sus ingresos.
En este indicador, la Comunidad de Madrid encabeza las comunidades autónomas, con un 9,9% de su población en esa situación. Le siguen la Comunidad Valenciana, con un 8,5%; Cataluña, con un 7,8%; y Castilla y León, con un 7,6%.
En las ciudades autónomas, Melilla registra un porcentaje todavía mayor, del 13,8%, mientras que Ceuta alcanza el 7,3%.
Los valores más bajos corresponden a Navarra (3,5%), Extremadura (4,2%), Aragón (4,4%), Galicia (4,8%) y País Vasco (4,9%).
Estas diferencias muestran que las dificultades para acceder y mantener una vivienda no se distribuyen de manera uniforme. Algunas comunidades presentan más retrasos en los pagos, mientras que otras concentran una mayor proporción de hogares que destinan una parte excesiva de sus ingresos a este gasto.
El alquiler gana terreno frente a la vivienda en propiedad
El informe identifica un cambio significativo en la forma de acceso a la vivienda en España durante los últimos diecisiete años.
En 2008, el 80,2% de la población residía en viviendas en propiedad. En 2025, ese porcentaje había descendido hasta el 73,7%.
Durante el mismo periodo, la proporción de personas que viven de alquiler pasó del 14,3% al 20,8%.
Esta evolución refleja una transformación del mercado residencial español, en el que el alquiler ha ganado peso mientras disminuye el porcentaje de población que vive en una vivienda propia.
El encarecimiento de los alquileres afecta especialmente a los hogares con menores ingresos, que disponen de menos recursos para afrontar otros gastos esenciales después de pagar la vivienda.
Dos de cada tres inquilinos de Castilla-La Mancha están en riesgo de pobreza o exclusión
La situación resulta especialmente preocupante en Castilla-La Mancha, donde dos de cada tres personas que viven de alquiler a precio de mercado se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
El porcentaje desciende al 26,6% entre quienes residen en una vivienda en propiedad.
Según EAPN Castilla-La Mancha, las personas en situación de pobreza destinan una media del 30,2% de sus ingresos a la vivienda, frente al 16,2% del conjunto de la población regional.
La organización advierte de que el gasto residencial se ha convertido en un factor que dificulta la salida de la pobreza, incluso cuando los hogares disponen de ingresos laborales.
También señala que el 19,3% de los residentes de Castilla-La Mancha tuvo dificultades para afrontar los gastos de calefacción.
Casi cuatro millones de personas viven en pobreza severa
El problema de la vivienda se enmarca en una situación más amplia de desigualdad económica.
El XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza calcula que cerca de cuatro millones de personas, el 8% de la población española, se encontraban en situación de pobreza severa en 2025.
Este indicador incluye a las personas cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la mediana nacional.
En 2025, el umbral se situaba en 8.147 euros anuales por unidad de consumo, equivalentes a unos 679 euros mensuales.
Las tasas más elevadas se registraron en Melilla (25%), Ceuta (14,5%), Comunidad Valenciana (11,8%), Andalucía (11,4%) y Murcia (11,2%).
En el extremo contrario aparecen País Vasco (4,1%), Aragón (4,2%) y Navarra (4,6%).
Más de 2,2 millones de menores están en riesgo de pobreza
El informe también alerta sobre la situación económica de la infancia.
Más de 2,2 millones de menores de 18 años, el 28,4% del total, se encontraban en riesgo de pobreza en España durante 2025.
Se trata de la tasa de pobreza infantil más elevada de la Unión Europea, ocho puntos porcentuales por encima de la media comunitaria, situada en el 19,6%.
Las diferencias territoriales son especialmente acusadas. Murcia registra una tasa del 40,2% y Andalucía del 39,3%, mientras que en Melilla alcanza el 56,9%.
En cambio, País Vasco (13,4%), Galicia (14,2%) y Aragón (17,5%) presentan porcentajes considerablemente inferiores.
En Castilla-La Mancha, el riesgo de pobreza o exclusión social entre los menores llega al 43,4%, lo que supone un aumento de 2,3 puntos respecto al año anterior.
EAPN reclama más vivienda pública y mejores salarios
Ante estos resultados, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza considera necesario reforzar las políticas de acceso a una vivienda asequible y aumentar la inversión en vivienda pública.
La organización también reclama medidas para mejorar la calidad del empleo y evitar que los hogares con ingresos reducidos destinen una proporción excesiva de sus recursos a los gastos residenciales.
En Castilla-La Mancha, EAPN advierte además de las dificultades de acceso a las prestaciones sociales. Según sus datos, el 60,3% de las personas que cumplen los requisitos para recibir el Ingreso Mínimo Vital no percibe esta ayuda.
El informe pone de relieve una realidad que va más allá del encarecimiento de los inmuebles: tener una vivienda no garantiza poder mantenerla sin dificultades económicas. Los retrasos en el alquiler y la hipoteca, la elevada proporción de ingresos destinada a estos pagos y el aumento del peso del alquiler reflejan una presión residencial que afecta de manera desigual a millones de personas en España.