El jefe de Operaciones de la Guardia Civil asegura ante la Audiencia Nacional que informó al entonces delegado del Gobierno del despliegue naval de Marruecos. Dos mandos policiales denuncian la pasividad de las autoridades marroquíes y reconocen discrepancias sobre la gestión de la frontera.
La Guardia Civil advirtió a la Delegación del Gobierno en Ceuta de la presencia de seis embarcaciones militares marroquíes durante la noche anterior a la entrada masiva de migrantes registrada el 30 de julio de 2026. Así lo ha declarado el teniente coronel Miguel Lobo, jefe de Operaciones de la Comandancia de Ceuta, ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga las circunstancias de aquella crisis fronteriza.
Durante su comparecencia como testigo, celebrada el lunes 26 de octubre, el mando explicó que comunicó el despliegue al entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. También aseguró que no recibió instrucciones operativas de sus superiores cuando miles de personas comenzaron a cruzar desde Marruecos hacia territorio español.
Las declaraciones de Lobo y del inspector jefe de la Policía Nacional Lorenzo Juan Fages han aportado nuevos detalles sobre la actuación de las autoridades marroquíes y las decisiones adoptadas por los cuerpos de seguridad españoles. Ambos describieron movimientos de embarcaciones del país vecino y señalaron que agentes marroquíes permitieron o facilitaron el desplazamiento de migrantes hacia Ceuta.
El aviso al delegado del Gobierno antes de la entrada masiva
Uno de los aspectos más relevantes del testimonio de Miguel Lobo es la comunicación que asegura haber mantenido con la Delegación del Gobierno tras detectar movimientos navales marroquíes frente a Ceuta.
El teniente coronel explicó que observó seis embarcaciones de Marruecos: dos patrulleras, dos interceptoras y otras dos de menor tamaño. La presencia de tantos barcos le llamó la atención, especialmente por las condiciones de niebla existentes aquella noche.
Según su declaración, trasladó esta información al entonces delegado del Gobierno, aunque inicialmente interpretó el despliegue como un posible refuerzo de la vigilancia fronteriza.
El mando señaló que resultaba difícil determinar desde su posición si las embarcaciones se encontraban dentro de aguas jurisdiccionales españolas.
La advertencia constituye uno de los elementos que deberá valorar la investigación judicial para reconstruir qué información manejaban las autoridades antes de la llegada masiva de migrantes.
Lobo también afirmó que no recibió órdenes del delegado del Gobierno ni de otros responsables superiores sobre cómo actuar durante los acontecimientos del 30 y 31 de julio.
No obstante, el aviso sobre la presencia de barcos no equivale necesariamente a una alerta sobre una entrada masiva inminente. El propio teniente coronel aseguró que no tenía conocimiento de ninguna convocatoria concreta para cruzar la frontera aquel día.
Los mandos señalan que agentes marroquíes dirigían a los migrantes hacia Ceuta
Las comparecencias también han puesto el foco en el comportamiento de las fuerzas de seguridad marroquíes durante la crisis.
Miguel Lobo aseguró que observó una actitud pasiva de militares del país vecino mientras numerosas personas intentaban acceder a territorio español.
Según explicó ante la magistrada, algunos agentes marroquíes dirigían a los migrantes hacia el espigón fronterizo y les indicaban que avanzaran hacia el agua.
El responsable de la Guardia Civil también relató que pequeñas embarcaciones marroquíes recogían personas del mar y posteriormente las dejaban en la playa. Precisó que las embarcaciones de mayor tamaño no podían acercarse tanto a la costa.
Por su parte, Lorenzo Juan Fages declaró que había observado a personas uniformadas y de paisano realizando gestos para orientar a una larga concentración de migrantes.
El inspector jefe sostuvo que los agentes marroquíes facilitaban el avance hacia Ceuta y que aquellas actuaciones se desarrollaban a la vista de la Gendarmería del país vecino.
Los testimonios coinciden en señalar una actuación permisiva de las autoridades marroquíes, aunque presentan diferencias sobre los movimientos concretos que cada mando pudo observar.
Estas afirmaciones forman parte de una investigación judicial en curso y no constituyen una resolución que establezca responsabilidades de Marruecos. La magistrada deberá valorar su contenido junto con las demás pruebas incorporadas a la causa.
Policía Nacional y Guardia Civil discreparon sobre el cierre de la frontera
Las declaraciones también han revelado un enfrentamiento operativo entre los responsables de ambos cuerpos españoles durante los momentos más críticos de la entrada masiva.
La controversia se produjo por una puerta situada en el vallado fronterizo que permitía el paso desde la zona de playa.
El inspector jefe Lorenzo Juan Fages defendía que debía cerrarse para contener la llegada de migrantes. Miguel Lobo, por el contrario, decidió mantenerla abierta al considerar que el cierre podía desencadenar una tragedia.
El teniente coronel explicó que la acumulación de miles de personas en un espacio reducido podía provocar aplastamientos o que parte de la multitud terminara arrojándose al mar.
Por ese motivo, asumió personalmente la decisión de permitir el paso y sostuvo que actuó conforme a sus competencias, sin recibir instrucciones de superiores.
El inspector de la Policía Nacional mantuvo una posición diferente. Según su testimonio, cerrar el acceso habría obligado a las autoridades marroquíes a gestionar la concentración de personas en su lado de la frontera.
Las discrepancias reflejan las dificultades que afrontaron los responsables policiales para coordinar una respuesta conjunta ante una situación excepcional.
Miles de personas cruzaban mientras los agentes intentaban evitar una tragedia
La magnitud del flujo migratorio condicionó las decisiones adoptadas sobre el terreno.
Miguel Lobo aseguró que, durante determinados momentos, más de 2.500 personas por hora intentaban acceder a Ceuta, una cifra que, según su estimación, hacía imposible contener completamente las entradas con los efectivos disponibles.
El responsable de la Guardia Civil defendió que mantener abierta la puerta era necesario para reducir el riesgo de víctimas entre quienes se encontraban atrapados en la concentración de personas.
También explicó que los agentes tuvieron que intervenir para rescatar del agua a migrantes que se encontraban en peligro.
La Policía Nacional, por su parte, consideraba que el cierre del acceso formaba parte de las medidas necesarias para recuperar el control de la frontera.
Ambos testimonios permiten reconstruir las dificultades operativas de aquella jornada, aunque la valoración de las decisiones adoptadas corresponde a la investigación judicial.
La falta de instrucciones y planificación, bajo examen judicial
Otro de los asuntos abordados ante María Tardón fue la información previa de la que disponían las fuerzas de seguridad españolas.
El jefe de Operaciones de la Guardia Civil afirmó que conocían el incremento de las llegadas irregulares, pero que nadie le había comunicado una convocatoria específica de entrada masiva para el 30 de julio.
Por su parte, Lorenzo Juan Fages explicó que la presión migratoria había aumentado considerablemente durante los días anteriores y que el crecimiento de las llegadas era muy superior al de ejercicios precedentes.
El inspector también denunció la ausencia de instrucciones claras y de una planificación suficiente para afrontar una situación de semejante magnitud.
Las declaraciones plantean una cuestión relevante para la investigación: qué información estaba disponible en los días anteriores, cómo circuló entre los distintos organismos y qué medidas se adoptaron para preparar el dispositivo fronterizo.
En septiembre, el Gobierno había hecho públicos informes, alertas y comunicaciones oficiales correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio.
Esa documentación, junto con las declaraciones de los responsables policiales, puede ayudar a determinar si existieron advertencias que permitieran anticipar la crisis y cómo fueron interpretadas por las autoridades competentes.
La Audiencia Nacional trata de esclarecer las responsabilidades
La magistrada María Tardón continúa investigando las circunstancias de la entrada masiva del pasado 30 de julio y la actuación de los distintos organismos implicados.
Las comparecencias del teniente coronel Miguel Lobo y del inspector jefe Lorenzo Juan Fages permiten incorporar al procedimiento las versiones de dos responsables que participaron directamente en la gestión de la emergencia.
Entre los principales asuntos pendientes figuran la actuación de las fuerzas marroquíes, la presencia de embarcaciones militares cerca de Ceuta, la información comunicada a la Delegación del Gobierno y las decisiones adoptadas sobre el control de los accesos fronterizos.
También deberá aclararse si las discrepancias entre Policía Nacional y Guardia Civil afectaron a la respuesta institucional y qué medidas estaban previstas para afrontar un incremento extraordinario de entradas.
Los testimonios conocidos este 26 de octubre no determinan por sí mismos la existencia de responsabilidades penales ni acreditan que las autoridades marroquíes organizaran la llegada masiva.
La investigación tiene ahora ante sí dos cuestiones especialmente relevantes: qué conocían las autoridades españolas antes de que miles de personas llegaran a Ceuta y cuál fue el papel real de las fuerzas de seguridad marroquíes durante aquella jornada. La respuesta será determinante para esclarecer uno de los episodios fronterizos más graves registrados en España durante 2026.