El fondo canadiense busca compradores para dos carteras inmobiliarias adquiridas a Blackstone, mientras los cambios regulatorios y las elecciones del 29 de noviembre generan incertidumbre en el sector.
El fondo de inversión canadiense Brookfield negocia la venta de 1.550 viviendas de alquiler en Madrid, agrupadas en doce edificios, por un importe que podría superar los 350 millones de euros. La operación forma parte de su estrategia para obtener rentabilidad de los inmuebles adquiridos este año a Blackstone, aunque la incertidumbre política y regulatoria está complicando las negociaciones.
Según ha trascendido este lunes 26 de octubre de 2026, Brookfield mantiene conversaciones con un fondo asiático y un grupo inversor familiar español para traspasar dos carteras residenciales, una de 850 viviendas y otra de 700.
Las negociaciones todavía no se han cerrado y su resultado dependerá tanto de las condiciones financieras como de la evolución de la normativa sobre vivienda.
Viviendas adquiridas a Blackstone por 1.050 millones
Los inmuebles forman parte de una cartera más amplia de 5.000 viviendas que Brookfield compró a Blackstone en abril de 2026 por 1.050 millones de euros.
La operación permitió al fondo canadiense ampliar considerablemente su presencia en el mercado residencial español mediante la adquisición de activos gestionados anteriormente por Fidere.
La estrategia de Brookfield contempla obtener plusvalías mediante la venta individual de viviendas, especialmente cuando quedan desocupadas, en lugar de mantenerlas indefinidamente en el mercado del alquiler.
Para desarrollar este proceso, la compañía ha encargado a Clikalia la gestión de los arrendamientos y la comercialización de los inmuebles disponibles.
La regulación del alquiler complica las negociaciones
Uno de los principales obstáculos para completar las operaciones es la incertidumbre sobre las medidas regulatorias que afectan a las viviendas arrendadas.
El reciente decreto aprobado por el Gobierno, impulsado en un contexto de creciente preocupación por los desahucios y la situación de los inquilinos, puede modificar las condiciones en las que los grandes propietarios venden sus activos residenciales.
A esta circunstancia se suma la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre, cuyo resultado podría influir en las futuras políticas de vivienda.
El aumento de los tipos de interés del Banco Central Europeo también está condicionando las decisiones de los inversores, al encarecer la financiación de nuevas adquisiciones inmobiliarias.
Qué puede ocurrir con los inquilinos
La posible venta de estas viviendas no implica automáticamente la finalización de los contratos de alquiler existentes.
Con carácter general, el comprador de una vivienda arrendada debe respetar los derechos del inquilino y las condiciones de duración legalmente protegidas, aunque cada situación depende del contrato y de la normativa aplicable.
Por tanto, un cambio de propietario no supone por sí mismo que los residentes tengan que abandonar sus viviendas ni que el alquiler pueda incrementarse libremente.
Sin embargo, la estrategia de vender los pisos individualmente conforme van quedando disponibles puede reducir progresivamente el número de viviendas que permanecen destinadas al arrendamiento.
La operación de Brookfield refleja una tendencia creciente entre los grandes fondos inmobiliarios: transformar carteras de alquiler en viviendas destinadas a la venta. Su evolución será especialmente relevante en Madrid, donde la elevada demanda residencial mantiene abierta la discusión sobre el equilibrio entre inversión privada y disponibilidad de viviendas en alquiler.