El Tribunal de Cuentas ha aplicado la ley de amnistía a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras y otros 32 antiguos altos cargos de la Generalitat, poniendo fin a su responsabilidad contable por los gastos vinculados al proceso independentista catalán. La sentencia, conocida este miércoles 14 de octubre, también ordena levantar las fianzas y medidas cautelares que pesaban sobre los 35 encausados, por un importe conjunto cercano a los 8,5 millones de euros.
La resolución afecta a los fondos públicos utilizados para organizar el referéndum del 1 de octubre de 2017 y financiar la promoción internacional del independentismo entre 2011 y 2017.
El procedimiento se había iniciado a raíz de las demandas de la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana. El Ministerio Público reclamaba 3,4 millones de euros por los gastos investigados, aunque posteriormente defendió la aplicación de la amnistía.
El tribunal descarta que se utilizaran fondos europeos
La decisión se produce tres meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara la aplicación de la amnistía a los casos de malversación que no comprometieran los intereses financieros de la Unión Europea.
La consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez había mantenido paralizado el procedimiento hasta aclarar si los gastos del procés se financiaron con dinero comunitario.
Finalmente, la sentencia considera acreditado que no se utilizaron fondos procedentes de los presupuestos europeos para sufragar las actividades investigadas.
El fallo se apoya en certificados de la Intervención General de la Generalitat, según los cuales los gastos se financiaron con recursos propios de la Administración catalana.
La resolución rechaza así las objeciones de Sociedad Civil Catalana, que había solicitado nuevas comprobaciones sobre el origen del dinero.
Hernáez defiende que las verificaciones realizadas eran necesarias para garantizar que la aplicación de la amnistía respetara la legislación europea.
Puigdemont pide al Supremo que aplique también la amnistía
La decisión del Tribunal de Cuentas no resuelve la situación penal de Carles Puigdemont, que continúa pendiente de un pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación.
Tras conocer la sentencia, el expresidente catalán presentó un escrito ante el magistrado Pablo Llarena para solicitar que se inicien sin nuevas demoras los trámites necesarios para extinguir su responsabilidad penal.
Su defensa reclama el archivo definitivo de la causa y el levantamiento de las órdenes de detención y de las medidas cautelares que todavía puedan afectarle.
El Supremo había solicitado a las partes que presentaran alegaciones después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la amnistía a los delitos de malversación relacionados con el procés.
La decisión sobre la responsabilidad contable y la que debe adoptar el Supremo en el procedimiento penal son jurídicamente independientes. Por tanto, el fallo del Tribunal de Cuentas no supone por sí mismo el archivo de la causa penal contra Puigdemont.
Sociedad Civil Catalana anuncia un recurso
Sociedad Civil Catalana, una de las partes demandantes en el procedimiento, ha anunciado que recurrirá la sentencia.
La organización había cuestionado la aplicación de la amnistía sin realizar comprobaciones adicionales sobre la procedencia de los fondos empleados en las actividades independentistas.
Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha celebrado la resolución y ha reclamado que la ley se aplique a todos los procedimientos que continúan pendientes.
Entre los beneficiados por la sentencia figuran también antiguos miembros del Govern como Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí.
La formación republicana considera que el pronunciamiento permite cerrar una causa que durante años ha mantenido comprometido el patrimonio de los investigados.
Una causa contable cerrada, pero con procedimientos judiciales pendientes
La sentencia extingue la responsabilidad contable de los 35 demandados y ordena levantar las garantías económicas exigidas durante la investigación, aunque la resolución todavía puede ser recurrida.
La decisión supone un nuevo paso en la aplicación de la ley de amnistía aprobada en 2024, pero no pone fin a todos los procedimientos relacionados con el independentismo catalán.
Además de la situación penal de Puigdemont, siguen pendientes otras causas vinculadas a la organización del referéndum de 2017.
El principal efecto inmediato del fallo es económico: los encausados quedan liberados de las responsabilidades contables reclamadas y de unas fianzas que sumaban cerca de 8,5 millones de euros. El alcance definitivo de la amnistía sobre los principales dirigentes del procés dependerá ahora de las decisiones que adopten los tribunales en los procedimientos todavía abiertos.