Al menos 2.000 bomberos forestales han dejado de trabajar en España desde el 1 de noviembre, según denuncia el sindicato CSIF, tras finalizar la campaña de alto riesgo de incendios. La reducción de efectivos llega después de un año especialmente grave, con 275.209 hectáreas quemadas hasta el 20 de septiembre, la mayor superficie arrasada en ese periodo durante la última década.
El sindicato advierte de que la finalización de miles de contratos temporales puede debilitar las labores de prevención precisamente cuando deberían intensificarse los trabajos para reducir el riesgo de incendios de cara al próximo verano.
CSIF considera que el actual modelo, basado en contratar a numerosos profesionales únicamente durante los meses de mayor peligro, resulta insuficiente ante unos incendios que pueden producirse en cualquier época del año.
Cataluña y Andalucía reducen sus efectivos forestales
La situación presenta diferencias importantes entre comunidades autónomas. En Cataluña, 372 bomberos forestales han finalizado sus contratos tras apenas tres meses de actividad, mientras que en Andalucía el sindicato calcula que la plantilla del dispositivo INFOCA se reducirá un 40 %.
En Castilla-La Mancha, cerca de 700 profesionales continúan afectados por la temporalidad, con contratos que en algunos casos apenas alcanzan los 103 días. CSIF también denuncia problemas de organización y falta de efectivos en Castilla y León.
Estas reducciones se producen en un contexto de creciente preocupación por los incendios forestales y su impacto sobre espacios naturales, viviendas e infraestructuras.
El sindicato reclama bomberos forestales durante todo el año
CSIF exige a las administraciones que amplíen los periodos de contratación y mantengan equipos estables dedicados tanto a la extinción como a la prevención.
Entre las tareas que considera prioritarias figuran la limpieza de montes, el mantenimiento de cortafuegos y la protección de zonas habitadas próximas a terrenos forestales.
La organización también reclama un Pacto de Estado que garantice recursos suficientes y una mejor coordinación entre comunidades autónomas.
La denuncia vuelve a poner sobre la mesa una cuestión fundamental para la seguridad ambiental en España: la prevención de incendios no termina cuando acaba el verano. La reducción de plantillas puede suponer que miles de profesionales dejen de realizar trabajos esenciales para evitar que los fuegos del próximo año alcancen dimensiones similares a los de 2026.