El proyecto de una incineradora de residuos en Titulcia, al sur de Madrid, ha provocado un enfrentamiento entre los ayuntamientos de esta localidad y la vecina Ciempozuelos. Mientras el primero defiende las oportunidades económicas de la instalación, el segundo advierte de sus posibles consecuencias para la salud de los vecinos y el entorno natural.
La planta, promovida por la empresa PreZero Gestión de Residuos, pretende tratar residuos no peligrosos mediante procesos de clasificación y valorización energética, que incluyen su aprovechamiento como combustible para generar energía.
La Comunidad de Madrid ha sometido el proyecto a información pública tras una resolución del 24 de septiembre, publicada en el Boletín Oficial autonómico el 9 de octubre. El plazo para presentar alegaciones permanecerá abierto hasta el 25 de noviembre de 2026.
La instalación todavía no cuenta con la autorización ambiental definitiva.
Ciempozuelos rechaza la planta por sus posibles riesgos ambientales
La alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, ha manifestado su oposición al proyecto y ha advertido de las posibles repercusiones de una instalación que, según sus declaraciones, pretende incinerar unas 300.000 toneladas de residuos al año.
El Ayuntamiento considera que la actividad podría afectar a la calidad del aire, la salud de la población y el entorno natural de la comarca del Jarama.
La planta estaría situada en el kilómetro 49 de la carretera M-404, dentro del término municipal de Titulcia, aproximadamente a un kilómetro de sus primeras viviendas y a más de cinco kilómetros de las primeras viviendas de Ciempozuelos.
Entre ambos núcleos se encuentran el río Jarama, zonas agrícolas, el Parque Regional del Sureste y diversas infraestructuras de transporte.
Jimeno ha anunciado que su Ayuntamiento prepara alegaciones técnicas contra el proyecto y que mantendrá una reunión con la alcaldesa de Titulcia, Francisca Suárez, para abordar la situación.
También prevé convocar a organizaciones sociales de la comarca para promover movilizaciones contra la instalación.
Titulcia defiende los beneficios económicos, pero exige garantías
La posición del Ayuntamiento de Titulcia es diferente. El Gobierno municipal considera que la futura planta podría proporcionar recursos económicos y oportunidades de empleo a una localidad de aproximadamente 1.400 habitantes.
El Consistorio ya manifestó su respaldo al proyecto mediante un acuerdo del Pleno municipal, que contó también con el voto favorable de la oposición.
Sin embargo, la alcaldesa, Francisca Suárez, ha aclarado que ese apoyo no supone una autorización definitiva y que la instalación deberá superar los procedimientos ambientales correspondientes.
Para responder a las inquietudes vecinales, el Ayuntamiento ha anunciado sesiones informativas con técnicos de PreZero a partir del viernes 16 de octubre. Los encuentros se celebrarán los martes, jueves y viernes.
Durante estas reuniones se abordarán cuestiones como las emisiones contaminantes, los olores, el ruido, el tráfico de camiones y los sistemas de vigilancia ambiental.
El Ayuntamiento sostiene que cualquier beneficio económico deberá estar supeditado a las garantías para la salud pública y el medio ambiente.
Electricidad gratuita y compensaciones económicas para los vecinos
Uno de los aspectos más destacados del proyecto son las compensaciones que Titulcia pretende negociar con la empresa si finalmente recibe autorización.
El Ayuntamiento plantea exigir a PreZero que asuma el coste del suministro eléctrico de las viviendas y pequeños comercios del municipio, además del consumo de los edificios municipales y el alumbrado público.
También pretende negociar otras medidas:
- Contratación de trabajadores residentes en Titulcia.
- Un sistema independiente de vigilancia y seguimiento ambiental.
- Compensaciones por el tratamiento de los residuos domésticos.
- La creación de un centro de bienestar con gimnasio, piscina cubierta y spa.
- Un fondo municipal financiado con el 1,5 % de la cifra neta de negocio anual de la planta.
Estas condiciones constituyen propuestas del Ayuntamiento y no compromisos definitivos de la empresa.
El Gobierno local también quiere aprovechar la negociación para solicitar a la Comunidad de Madrid mejoras en la carretera M-404, el transporte público y los servicios asistenciales.
La Comunidad de Madrid deberá evaluar el impacto ambiental
El procedimiento administrativo se encuentra actualmente en una fase decisiva.
La documentación presentada por PreZero incluye la solicitud de Autorización Ambiental Integrada y el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, necesarios para evaluar la viabilidad de la instalación.
Durante el periodo de información pública, ciudadanos, asociaciones y administraciones pueden presentar observaciones y alegaciones sobre sus posibles efectos.
La evaluación deberá examinar aspectos como las emisiones atmosféricas, la gestión de residuos, el consumo de recursos y las consecuencias de la actividad sobre el entorno.
La apertura de este procedimiento no implica que la Comunidad de Madrid haya aprobado la construcción de la incineradora. La decisión dependerá de la tramitación del expediente, los informes técnicos y el cumplimiento de los requisitos legales.
El conflicto entre Titulcia y Ciempozuelos refleja dos preocupaciones distintas ante una misma instalación: la posibilidad de obtener ingresos y empleo mediante la valorización energética de residuos y la necesidad de garantizar que sus efectos ambientales no perjudiquen a las poblaciones próximas.
Con el plazo de alegaciones abierto hasta finales de noviembre, el futuro de la planta dependerá tanto de la evaluación ambiental como de la capacidad de las administraciones y la empresa para responder a las dudas que ha suscitado el proyecto.