María del Carmen Abascal ha fallecido este miércoles, 7 de octubre de 2026, en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, dos semanas después de ser desahuciada del piso en el que había vivido durante 71 años. Su caso desencadenó una oleada de protestas en España y se convirtió en uno de los principales símbolos de la lucha contra los desahucios.
El fallecimiento fue confirmado por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que acompañó a la mujer durante el procedimiento judicial. Maricarmen, de 87 años, permanecía hospitalizada desde el pasado 23 de septiembre, cuando fue obligada a abandonar su domicilio en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro.
La organización denunció que la anciana había sufrido un prolongado proceso judicial y responsabilizó a la situación generada por el desahucio del deterioro de su salud. No obstante, no se ha acreditado públicamente una relación médica directa entre el fallecimiento y el desalojo.
Siete décadas en la misma vivienda
Maricarmen residía desde 1955 en un piso sujeto a un contrato de alquiler de renta antigua. El inmueble fue adquirido posteriormente por una empresa inmobiliaria, que inició un procedimiento para recuperar la vivienda tras extinguirse los derechos de subrogación del contrato.
La mujer, que tenía reconocida una discapacidad del 50%, se enfrentó durante años a distintos intentos de desahucio. Su situación adquirió notoriedad nacional cuando las imágenes de su salida del edificio en camilla, asistida por los servicios de emergencia, comenzaron a difundirse por los medios de comunicación.
El caso puso nuevamente sobre la mesa las dificultades que afrontan numerosos inquilinos de edad avanzada para conservar sus viviendas ante los cambios de propiedad y las limitaciones de la legislación sobre arrendamientos.
Días antes de su fallecimiento, los representantes de Maricarmen y la empresa propietaria alcanzaron un acuerdo que contemplaba su regreso al inmueble. El pacto establecía un nuevo contrato de ocho años y una renta próxima a los 500 euros mensuales, incluidos determinados gastos.
Sin embargo, la mujer no llegó a regresar a su casa.
Su muerte provoca nuevas protestas en Madrid
La noticia del fallecimiento llegó a los manifestantes que permanecían acampados en la Puerta del Sol de Madrid para reclamar medidas contra los desahucios y soluciones a la crisis de la vivienda.
Tras guardar un minuto de silencio, cientos de participantes iniciaron una marcha hacia el Congreso de los Diputados. También se depositaron flores y velas junto al edificio donde había vivido Maricarmen.
Su abogada, Beatriz Duro, denunció el deterioro físico sufrido por la anciana durante el procedimiento judicial y sostuvo que la suspensión del lanzamiento podría haber evitado la situación que atravesó en sus últimas semanas.
El desahucio también había alimentado la presión social sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente después de las dificultades parlamentarias para sacar adelante nuevas medidas de protección de los inquilinos vulnerables.
Sánchez y Feijóo lamentan el fallecimiento
La muerte de Maricarmen provocó numerosas reacciones entre los principales representantes políticos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias y trasladó su apoyo a quienes habían acompañado a la mujer durante los últimos meses.
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió respeto y rechazó cualquier utilización partidista del fallecimiento.
Desde Podemos, Ione Belarra responsabilizó duramente a las instituciones y al sistema inmobiliario de lo ocurrido, mientras distintos miembros del Ejecutivo destacaron la dignidad de Maricarmen y su papel en las movilizaciones por el derecho a la vivienda.
Una legislación sobre alquileres que vuelve al debate
El caso ha reabierto también la discusión sobre las consecuencias de las reformas de la legislación de arrendamientos aprobadas durante los gobiernos de Felipe González.
El denominado decreto Boyer de 1985 eliminó la prórroga forzosa para los nuevos contratos de alquiler, mientras que la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 estableció límites a la transmisión de los contratos antiguos entre familiares.
Estas disposiciones resultan especialmente relevantes para viviendas sujetas a contratos históricos, como el que mantenía Maricarmen.
Su fallecimiento se produce en un contexto de creciente movilización social por el acceso a la vivienda y de enfrentamiento político sobre las medidas necesarias para evitar desahucios de personas vulnerables.
La mujer había insistido durante su hospitalización en que las movilizaciones debían continuar. Su caso, que comenzó como un conflicto entre una inquilina y la propiedad de su vivienda, terminó convirtiéndose en un símbolo nacional de la crisis habitacional.