Imagen: montaje digital con fines ilustrativos.
La Fiscalía Europea investiga un posible fraude con fondos comunitarios destinados a la compra de pulseras antimaltrato en España. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió este jueves 12 de noviembre al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas para reclamar documentación sobre unos dispositivos cuya gestión ya había provocado una importante controversia por sus fallos técnicos.
La investigación, iniciada en 2025, está dirigida por la oficina de la Fiscalía Europea en Madrid y pone bajo examen la utilización de dinero público destinado a proteger a mujeres víctimas de violencia de género.
La UCO reclama documentación por un contrato de 42,6 millones
Las diligencias están relacionadas con la adquisición de dispositivos electrónicos para vigilar el cumplimiento de órdenes de alejamiento y otras medidas judiciales de protección.
En 2023, durante la etapa de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad, se adjudicó a Vodafone y Securitas un contrato de aproximadamente 42,6 millones de euros, IVA incluido.
De esa cantidad, unos 4,6 millones procedían de fondos europeos destinados a la adquisición de 22.800 dispositivos, entre pulseras y terminales de seguimiento.
La Fiscalía Europea trata de determinar si existieron irregularidades de carácter penal en el uso de esos recursos. Por ahora, no ha identificado públicamente a personas investigadas ni ha concretado el importe presuntamente defraudado.
El Ministerio de Igualdad ha aclarado que la actuación de la UCO consistió en solicitar documentación y no en practicar un registro.
Los fallos de las pulseras agravan la polémica
La investigación llega después de que se conocieran graves deficiencias en la gestión del sistema de seguimiento telemático.
El cambio de empresa adjudicataria provocó problemas en la transferencia de datos históricos, dificultando la acreditación de determinados incumplimientos de órdenes de alejamiento en procedimientos judiciales.
El Tribunal de Cuentas también detectó deficiencias relevantes en la contratación y supervisión del servicio.
No obstante, estos fallos técnicos y la investigación por posible fraude económico son cuestiones distintas. No se ha acreditado públicamente una relación penal entre ambas.
Ana Redondo defiende la gestión del Gobierno
La actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que los fondos europeos se utilizaron correctamente y ha ofrecido plena colaboración a los investigadores.
La ministra también ha defendido el funcionamiento del sistema actual y sostiene que las mejoras introducidas han corregido las deficiencias anteriores.
Por su parte, el Partido Popular ha reclamado explicaciones y una fiscalización exhaustiva del dinero destinado a las pulseras.
La investigación europea deberá esclarecer si existieron irregularidades económicas y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
El caso vuelve a situar bajo escrutinio la gestión del Ministerio de Igualdad. El control del dinero público y la seguridad de las víctimas exigen garantías verificables, especialmente cuando los recursos se destinan a dispositivos de protección frente a agresores.
