Ciberseguridad bancaria bajo las luces de Tokio

Los bancos japoneses podrían llegar a suspender determinados servicios durante varias semanas, incluso hasta un mes, para protegerse frente a ciberataques impulsados por inteligencia artificial. La posibilidad ha abierto un debate sobre la seguridad del sistema financiero y hasta qué punto las entidades deben interrumpir sus operaciones para evitar daños mayores.

La advertencia procede de Osamu Terai, directivo de Mizuho Financial Group y responsable de un grupo de trabajo sobre ciberseguridad financiera. En unas declaraciones difundidas el 9 de noviembre, planteó que una suspensión preventiva podría prolongarse dos o tres semanas, e incluso un mes, en situaciones excepcionales.

Japón prepara sus bancos frente a las amenazas de la inteligencia artificial

La preocupación se centra en la capacidad de los sistemas avanzados de inteligencia artificial para detectar vulnerabilidades informáticas que podrían ser aprovechadas por ciberdelincuentes.

La Agencia de Servicios Financieros de Japón y el Banco de Japón ya solicitaron en mayo que las entidades contemplaran la desconexión preventiva de servicios y sistemas críticos ante amenazas graves.

El objetivo sería proteger los fondos y la información de los clientes mientras se corrigen los fallos de seguridad.

El riesgo no es únicamente teórico. En octubre, entidades como MUFG Bank y Mizuho Bank interrumpieron temporalmente determinados servicios digitales o realizaron tareas extraordinarias de mantenimiento tras detectarse vulnerabilidades en el lenguaje de programación PHP.

Aquellas incidencias no supusieron el cierre general del sistema bancario japonés.

¿Podrían los clientes quedarse sin acceso a su dinero?

Las suspensiones preventivas podrían afectar a la banca electrónica, las transferencias o los cajeros automáticos, dependiendo de los sistemas comprometidos y de las decisiones de cada entidad.

Sin embargo, Japón no ha anunciado un cierre de todos sus bancos ni una congelación de los depósitos. Tampoco existe una fecha programada para suspender servicios durante varias semanas.

El plazo de hasta un mes es un escenario excepcional planteado por un responsable bancario, no una medida aprobada por el Gobierno.

La estrategia refleja un cambio en la seguridad financiera: ante determinadas amenazas informáticas, detener temporalmente un servicio podría resultar menos perjudicial que mantenerlo operativo y arriesgarse a un ataque de consecuencias mucho mayores.

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