Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha documentado al menos 161 casos de desaparición forzada en Nicaragua desde abril de 2018, en el marco de la represión contra opositores al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las víctimas incluyen antiguos dirigentes sandinistas, militares retirados y ciudadanos críticos con las autoridades, cuyas familias denuncian que desconocen su paradero y su estado de salud.
Los investigadores también han constatado al menos ocho muertes de personas detenidas por motivos políticos bajo custodia estatal desde el inicio de la crisis de 2018. Las desapariciones verificadas han tenido duraciones que van desde varios días hasta años.
Según organizaciones nicaragüenses de derechos humanos, a finales de septiembre permanecían encarceladas por motivos políticos al menos 68 personas, de las cuales 31 se encontraban en situación de desaparición forzada. Esta última cifra corresponde a casos que seguían activos, mientras que los 161 documentados por la ONU abarcan el periodo iniciado en 2018.
Familias que llevan más de un año sin noticias de sus allegados
Uno de los casos denunciados es el del coronel retirado Carlos Ramón Brenes, de 71 años, antiguo combatiente del Frente Sandinista de Liberación Nacional que participó en la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza.
Brenes fue detenido junto a su esposa, Salvadora Martínez, de 69 años, en agosto de 2025. Desde entonces, su hija Thelma, residente en Países Bajos, asegura que no ha recibido información oficial sobre dónde se encuentran ni sobre su estado de salud.
El antiguo militar se había distanciado políticamente de Ortega durante los años noventa y participó en las protestas antigubernamentales de 2018. Fue encarcelado bajo acusaciones de terrorismo y recuperó la libertad diez meses después.
La familia teme especialmente por su salud, ya que padece neuropatía diabética y necesita atención médica.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reclamó a Nicaragua medidas para proteger la vida del matrimonio y obtener información sobre su paradero. Según las informaciones disponibles, las autoridades no han respondido a esas peticiones.
Antiguos sandinistas, entre los desaparecidos
La represión denunciada por los investigadores internacionales también afecta a personas que participaron en la revolución sandinista de 1979.
Entre ellas figura Víctor Boitano, un coronel retirado del Ejército nicaragüense que comenzó su actividad revolucionaria siendo adolescente y que posteriormente se convirtió en crítico del Gobierno.
Boitano fue detenido en abril de 2024 en su domicilio de Managua por agentes policiales, según el testimonio de su esposa, Eugenia Valle.
Desde entonces, sus familiares aseguran que desconocen dónde está recluido. Valle recorrió distintas prisiones tratando de localizarlo, sin obtener respuestas.
La mujer terminó abandonando Nicaragua y actualmente reside en Italia. Su marido padece hipertensión y diabetes, lo que aumenta la preocupación familiar por las condiciones de su posible detención.
La ONU denuncia una estrategia de intimidación política
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua considera que las desapariciones forman parte de un patrón de persecución contra personas identificadas como opositoras.
Los investigadores sostienen que estas prácticas buscan intimidar no solo a los detenidos, sino también a sus familiares y al conjunto de la sociedad.
Las denuncias incluyen detenciones arbitrarias, torturas, encarcelamientos por motivos políticos y ocultación del paradero de personas bajo custodia estatal.
La desaparición forzada se produce cuando una persona es privada de libertad por agentes estatales, o con su autorización o apoyo, y posteriormente se niega información sobre su detención o ubicación.
Esta situación impide a los familiares conocer las condiciones en las que permanece retenida y dificulta que la víctima pueda ejercer sus derechos y acceder a protección judicial.
El Gobierno nicaragüense no ha respondido a las solicitudes de información formuladas sobre varios de estos casos. Ortega ha rechazado anteriormente las acusaciones de sus críticos, a quienes ha calificado de golpistas.
La CIDH alerta del deterioro de los derechos humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el grupo de expertos de Naciones Unidas advirtieron el pasado 1 de octubre del agravamiento de la situación política y de derechos humanos en Nicaragua.
Ambos organismos denunciaron la persistencia de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, confiscaciones de bienes y persecución contra ciudadanos exiliados.
También expresaron su preocupación por el creciente número de personas detenidas cuyo paradero continúa siendo desconocido.
Los organismos internacionales relacionan estas prácticas con la concentración del poder político y el debilitamiento de las instituciones independientes.
La reforma constitucional de 2025 eliminó la separación de poderes, estableció un sistema de copresidencia y fijó un mandato de seis años para sus titulares. Una nueva modificación, aprobada inicialmente, plantea ampliarlo a siete años.
Además, las autoridades han anunciado que no está prevista la celebración de elecciones en 2027, una circunstancia que ha aumentado la preocupación internacional sobre las garantías democráticas del país.
Ocho años de represión desde las protestas de 2018
La crisis política nicaragüense comenzó en abril de 2018, cuando una serie de protestas contra una reforma de la Seguridad Social derivó en movilizaciones más amplias contra el Gobierno.
La respuesta de las autoridades provocó una escalada de violencia y abrió un periodo de detenciones, exilio y restricciones a organizaciones civiles y medios de comunicación independientes.
Desde entonces, numerosos opositores han abandonado el país y otros han sido privados de su nacionalidad o de sus bienes.
La ONU y la CIDH han reclamado la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos, así como el esclarecimiento del paradero de quienes continúan desaparecidos.
También han solicitado el restablecimiento de las libertades fundamentales y el fin de la persecución contra ciudadanos nicaragüenses residentes en el extranjero.
Las 161 desapariciones documentadas desde 2018 reflejan la dimensión de una crisis que continúa sin resolverse. Para las familias de los detenidos, la principal reclamación sigue siendo conocer dónde están sus allegados, comprobar que siguen con vida y acceder a información oficial sobre su situación.